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Emergencia Sanitaria en Cali

Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el Distrito de Santiago de Cali

En el marco del Paro Nacional que se desarrolla desde el pasado 28 de abril de 2021, la situación de orden público ha llevado a la interrupción de la prestación eficiente del servicio de aseo debido a las restricciones en la movilidad que han afectado las rutas de los vehículos recolectores y la evacuación de los residuos al relleno sanitario del municipio de Yotoco. Se calcula que diariamente el Distrito produce 2500 toneladas de las cuales tan solo se están pudiendo recolectar un total de 750, esto sin contar con que alrededor del 50% de las bodegas y centros de acopio se encuentra fuera de funcionamiento.

Por tal razón, atendiendo a los mandatos constitucionales el Distrito ha declarado emergencia sanitaria y ambiental por contingencia en la recolección de residuos. Lo que implica que se adoptarán medidas transitorias para asegurar la prestación del servicio de aseo en el municipio. De acuerdo con el boletín de prensa publicado por la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos Municipales (UAESPM Cali), estas incluirán:

  • La creación de Puntos De Almacenamiento de Residuos Sólidos de Emergencia – PARSE-, en donde se realizará la disposición de desechos de manera temporal, en aras de contribuir a la labor de los operadores
  • La conformación de una Comisión Interinstitucional para la Gestión de Residuos Sólidos con el fin de crear mecanismos de solución en la prestación del servicio
  • El fortalecimiento de gestiones interinstitucionales para mantener abierto el corredor sanitario hasta el relleno sanitario y el abastecimiento de combustible de los vehículos relacionados con la prestación del servicio de aseo
  • El diálogo con los líderes del paro para establecer la seguridad durante la operación de evacuación al relleno sanitario de los residuos

Es por esta razón y en aras de poder aportar elementos a la solución de esta problemática desde Reva Colombia, Reusapp y Manglar Abogados sugerimos la implementación de las siguientes acciones:

 

Manglar Abogados S.A.S – Somos especialistas en Derecho Ambiental  

REVA Colombia – Transformamos residuos en recursos

Reusapp – Haz parte de la semilla 

Análisis ambiental del proyecto de reforma tributaria “Ley de Solidaridad Sostenible”

El Proyecto de reforma tributaria No. 594 de 2021, presentado por el Gobierno Nacional, “Ley de Solidaridad Sostenible”, plantea como objetivo principal (artículo 1) optimizar la política fiscal para consolidar una infraestructura de equidad en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas. Bajo este objetivo, plantea el Gobierno, que una redistribución de las cargas ambientales, incentiva el desarrollo sostenible y el crecimiento limpio.

Sin embargo, vale la pena hacer un análisis de si las medidas establecidas en el proyecto de reforma, están acorde a las disposiciones que el mismo Gobierno Nacional se ha planteado para fortalecer un Estado que piense en el crecimiento verde, la economía circular y la conservación y protección de los recursos naturales, como manera de garantizar un verdadero y adecuado desarrollo sostenible.

El desarrollo del presente análisis fijado abordará de manera enunciativa tres casos de manera especial: 1) Fuentes no convencionales de energía; 2) Deforestación y 3) plásticos de un solo uso.

Fuentes no convencionales de energía:

Como parte de los compromisos adquiridos como país perteneciente a la OCDE, Colombia había alcanzado un nivel importante de estrategias en pro del crecimiento sostenible, promocionando la implementación de las energías renovables por su potencial en la matriz energética. Así las cosas, durante los últimos CONPES desarrollados, la reglamentación expedida en los anteriores años y la Política Nacional de Cambio Climático que propende dentro de sus líneas estratégicas el potencial de las energías renovables no convencionales, habían cimentado las bases legales y tributarias para la transición en energías renovables, facilitando su acceso, financiación y la obtención de beneficios por su inversión.

Tales beneficios no solo han apuntado a la inversión privada, también han impulsado la financiación de proyectos de generación de energías alternativas renovables a través del sistema general de regalías, en donde las entidades territoriales pueden participar en los proyectos de generación, distribución, comercialización y autogeneración a pequeña escala y generación distribuida con FNCE, priorizando el sector rural, en especial aquellas zonas no interconectadas, pues es aquí donde estas fuentes plantean una solución relevante para las realidades sociales del país.

No obstante el artículo del proyecto de reforma decidió incluir partidas arancelarias y grabar con el 5% de la tarifa del IVA, los siguientes productos:

  • Inversor de energía para sistema de energía solar con paneles
  • Paneles solares
  • Controlador de carga para sistema de energía solar con paneles.
  • Compra venta de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades registrados en el Registro Nacional de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, que generen y certifiquen reducciones de Gases de Efecto Invernadero.
  • Bicicletas y bicicletas eléctricas.
  • Motocicletas eléctricos.
  • Patinetas eléctricas.

A nuestro juicio dicha consideración plantea un retroceso en la implementación y el cumplimiento de las políticas de crecimiento verde, pues la adición de las partidas arancelarias van en contravía con los lineamientos nacionales ya impartidos, generando no solo problemas de seguridad jurídica en los inversionistas, sino pudiendo tener repercusiones en los compromisos que tiene Colombia en la reducción de GEI, las políticas de crecimiento verde y las oportunidades en conectividad y calidad de vida para la zona rural, pues es un claro desincentivo al desarrollo de energías renovables no convencionales y de opciones que puedan contribuir a frenar el cambio climático.

Deforestación

El Gobierno Nacional mediante el documento CONPES 4021 de 2020 “Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques” reconoce que uno de los factores que más incrementan la deforestación tienen una relación directa con diversos fenomenos de praderización orientados hacia malas prácticas de ganadería extensiva o acaparamiento de tierras por parte de inversores que buscan la valorización de nuevas áreas productivas o la generación de rentas.

Por su parte en el CONPES 3934 de 2018 “Política de Crecimiento verde” se fija que el servicio de extensión agropecuaria incorpora en pocos casos elementos de gestión ambiental y gestión del suelo. De igual forma, la Revista Portafolio, determinó en el escrito “Ganadería y Agricultura: Uso de la tierra” que “del total de tierras destinadas a la producción agropecuaria, el 8,8% se dedica a la agricultura, el 74% a las actividades pecuarias, el 15% se mantiene en bosques naturales, plantaciones forestales, y el 2,2%, en otros usos”.

Ahora bien, la propuesta de reforma tributaria genera una ampliación de los servicios excluidos del impuesto de ventas, entre las que se encuentran diversos elementos para el desarrollo de actividades agropecuarias. No obstante ninguno de los servicios excluidos, planea atacar las problemáticas identificadas en los CONPES mencionados, pudiendo en consecuencia generar un incentivo contrario, que incremente la deforestación o la distorsión en el uso de los suelos y en consecuencia incrementando la problemática ambiental identificada.

Plásticos de un solo uso

Dentro del gran conglomerado de modificaciones que pretende aplicar el Gobierno, la “Ley de Solidaridad Sostenible”, en su Capítulo III establece un impuesto nacional sobre plásticos de un solo uso. El impuesto aplicaría sobre las ventas e importaciones de plásticos de un solo uso utilizados para envasas, embalar o empacar, cuyo valor deberían pagar los productores e importadores de dichos bienes y consistiría en una tarifa impositiva de 0,00005 UVT por cada (1) gramo del envase, embalaje o empaque. El recaudo del impuesto se destinaría al Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible -FONCLIMA.

De acuerdo con la exposición de Motivos del Proyecto de Ley, el impuesto cobra relevancia por los altos niveles de contaminación de las fuentes hídricas y los suelos, causada en gran parte por la inadecuada gestión de residuos, de los cuales los plásticos representan un gran porcentaje. (Rhodes, 2018).  Así las cosas, los proponentes de la reforma tributaria resaltan la importancia de los impuestos de carácter ambiental, empleados para cubrir los costos asociados con la contaminación en los países y obtener fondos económicos para acciones de mitigación frente al cambio climático (Banco Mundial, 2019, págs. 8-13).

El panorama internacional de los últimos años parece respaldar la iniciativa, con ejemplos de disposiciones jurídicas relacionadas con desincentivos al uso de plásticos, como la Directiva 2019/904 de la Unión Europea, la Circular 2030 del 2020 en España, la Ley 5323 del 2019 del Estado de Washington (EE. UU), la Ley 21.100 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, y la Notificación Oficial del 28 de febrero de 2017 del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Kenia. No obstante, no todas las normas en cita corresponden a gravamenes sobre bienes plásticos, además, en vista de las realidades propias que enfrenta Colombia, surge un gran interrogante, ¿Es realmente el impuesto a los plásticos una solución ambiental y económicamente justificable para solventar eficazmente la problemática colombiana de contaminación por la inadecuada gestión de estos productos?  

Por último, vale la pena resaltar el planteamiento de crear una certificación de economía circular, el cual más allá de ser una buena iniciativa de la reforma, es algo que el Gobierno Nacional debería plantear en aras de disminuir el uso de recursos y generar una mayor protección a nuestros recursos naturales.

Somos especialistas en derecho ambiental

 

El RUIA y su relación con los procesos sancionatorios ambientales

Registro Único de Infractores Ambientales – Ley 1333 de 2009 

El Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, fue creado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1333, como un registro público y de fácil acceso para todos, para lo cual se dispuso que dicha plataforma, debe ser actualizada cada mes por las autoridades ambientales competentes.

La importancia de dicho registro, es que en el se encuentran todas las sanciones que en el marco del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, hayan sido impuestas por autoridades ambientales en Colombia, esto es, multas, cierres temporales o definitivos de establecimientos o actividades, revocatorias o suspensiones de autorizaciones ambientales, demoliciones de obra, decomiso o restitución de especies y especímenes, y/o trabajo comunitario.

Ahora bien, el mencionado Registro fue reglamentado por la Resolución 415 del 1 de marzo de 2010, en la cual se determina que su publicación se dará a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL[1], la cual actualmente es administrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No obstante lo anterior, la publicación de las infracciones y su permanencia en el Registro, fueron reglamentadas por la mencionada Resolución 415 de 2010, la cual limita a ciertos tiempos el reporte realizado por las autoridades ambientales. Así, menciona la norma, que  se publicará desde la ejecutoria de la providencia del acto administrativo que impuso la sanción hasta:

  • Seis (6) meses contados a partir del pago de la multa, cuando la multa se haya impuesto por incumplimiento de la normatividad ambiental sin afectación al medio ambiente.
  • Un (1) año, contado a partir del pago de la sanción de multa. 
  • Un (1) año contado a partir del inicio de las actividades de trabajo comunitario ordenadas.
  • Un (1) año contado a partir de la demolición de la obra a costa del infractor. 
  • Un (1) año contado a partir del cierre temporal del establecimiento o servicio. 
  • Dos años (2) contados a partir del cierre temporal o definitivo del establecimiento o servicio.
    – Dos (2) años contados desde el decomiso definitivo o restitución de especímenes y especies de flora o fauna.
  • Dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que impuso la sanción de revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
  • Cuando así sea ordenado por una autoridad judicial.
  • Cuando el acto administrativo que impuso la sanción haya sido suspendido provisionalmente.

Ahora bien, vale la pena destacar que sin duda uno de las grandes utilidades del RUIA, se encuentra en poder dar aplicación a lo fijado en el numeral 1° del Artículo 7 de la Ley 1333 de 2009: 

CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. (…).

Sin embargo , como se estableció, las causales de permanencia temporal en el RUIA, descritas en la Resolución 415 de 2010 podrían limitar o perjudicar la correcta aplicación del numeral 1° del Artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, puesto que, no se podría consultar en dicho sistema, una vez eliminado el reporte, si un infractor ha sido sancionado en el pasado por infracción de la norma ambiental vigente o ha sido comisor de daños al medio ambiente, esto, para constatar si es reincidente o no.

El MADS por medio del Concepto No. 2102-2-07146 del 11 de marzo de 2021 indicó al respecto que “(…) las fuentes para determinar la reincidencia son al menos dos, la primera que corresponde al RUIA, y la segunda, el medio del cual se pueda tener información, pudiéndose entender este como el historial de información que debe tener en cada entidad respecto de sus procesos sancionatorios (…)”

Conforme a ello, deberá así mismo entenderse que la prueba de reincidencia diferente al RUIA y que obre en archivos de la entidad deberá contener como característica que la sanción corresponde a la aplicada bajo los fundamentos de la Ley 1333 de 2009.

En suma, señaló el mismo Ministerio en el Concepto expuesto que, así se dé de baja del sistema el reporte de un infractor en el RUIA, esto no hace que el mismo pierda su carácter como reincidente, pues tal circunstancia no se determina a partir del reporte y la vigencia de este en el RUIA, sino a partir de la firmeza de la declaratoria de su responsabilidad.

Por otra parte, ha sido materia de debate las consideraciones sobre cuándo se considera reincidente un infractor, ya que algunas autoridades ambientales han determinado que, será concebido como reincidente, aquel infractor que en el pasado fue sancionado dentro del marco de la Ley 1333 de 2009, cualesquiera que hayan sido las conductas por la cuales fue objeto de sanción. Sin embargo, en el Concepto 2102-2-07146 del 11 de marzo de 2021, el MADS manifestó que:

(…) las acciones u omisiones o daño que den origen a la aplicación de esta circunstancia de agravación dentro de un nuevo proceso sancionatorio deberán estar guiadas por la adecuación al caso de conformidad con el comportamiento pasado del infractor.

Para finalizar, valdría la pena preguntarse, si la postura del MADS es considerar que la circunstancia agravante por reincidencia de un infractor, se presenta siempre y cuando la conducta por la cual se le está investigando tenga una relación fáctica con aquella por la que fue sancionado en el pasado, o si por el contrario, cualquier infracción que haya sido sancionada en materia ambiental, puede considerarse reincidencia.

Somos especialistas en derecho ambiental

Se amplía el plazo para modificar los manuales de compensaciones en los procesos de licenciamiento ambiental y otros.

Resolución 370 del 15 de abril de 2021 – Licencia ambiental, permiso de aprovechamiento forestal único o sustracción de área de reserva forestal nacional o regional.

Mediante la Resolución 256 de 2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó la actualización del manual de compensaciones del componente Biótico en ecosistemas terrestres para los proyectos, obras o actividades relacionadas con obtención de licencia ambiental, permiso de aprovechamiento forestal único o sustracción de área de reserva forestal nacional o regional, en lo concerniente a las medidas de compensación. Se debe recordar que dicho manual se encontraba anteriormente establecido en la Resolución  1517 de 2012.

En el mencionado acto administrativo se planteó que, a partir de su expedición los nuevos proyectos en lo concerniente a las medidas de compensación debían ajustarse a este manual, así como también aquellos proyectos, obras o actividades que contaran con auto de inicio para la obtención de los permisos o trámites establecidos. De igual forma y de manera potestativa, las medidas de compensación fijadas en los actos administrativos en los cuales se otorgó la licencia, el permiso o el trámite, podrían ser modificados previa aprobación de la propuesta por parte de la Autoridad Ambiental competente. Dicha propuesta de modificación de las medidas de compensación debió haber sido presentada ante la autoridad ambiental en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 256 de 2018, esto es el 4 de marzo de 2018.

No obstante, lo anterior mediante Resolución 1428 del 31 de julio de 2018 se derogó el régimen de transición fijado en la Resolución 256 de 2018 y se determinó que para aquellos actos administrativos que continuaban con su proceso de evaluación por parte de la autoridad ambiental, solo si el usuario lo consideraba pertinente podría acogerse al manual de compensación, en lo concerniente al donde y cómo implementar dichas medidas. De igual forma fijó que en aquellos casos en que ya se hubiera obtenido los permisos o los trámites se podrían acoger de igual forma al mencionado manual. En todo caso se determinó en el acto administrativo, que la propuesta de modificación debía ser presentada hasta el 31 de diciembre de 2018.

Ahora bien, mediante la Resolución No. 370 del 15 de abril de 2021, el Ministerio otorgó la posibilidad para que en un plazo de doce (12) meses los usuarios o titulares de licencias ambientales, permisos de aprovechamiento forestal único y autorizaciones de sustracción de áreas de reserva forestal nacional o regional que se encuentren bajo un régimen anterior al regulado por la Resolución No. 256 del 22 de febrero de 2018 pudieran acogerse al actual manual de compensaciones del componente biótico. Para tal efecto una vez presentada la propuesta durante este periodo de tiempo, la autoridad ambiental evaluará la viabilidad de aprobación respecto del dónde y cómo implementar las medidas de compensación.

 

Somos especialistas en Derecho Ambiental

 

 

 

Se estudian en el Congreso dos proyectos de Ley para modificar la Ley 1333 de 2009

PROYECTOS DE LEY PRETENDEN MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL ESTABLECIDO EN LA LEY 1333 DE 2009

En el pasado mes de marzo se radicaron ante el Congreso de la República los proyectos de ley No. 424 y 425 de 2021, a través de los cuales se pretende  ajustar el procedimiento sancionatorio ambiental estipulado en la Ley 1333 de 2009. Lo anterior, en aras de poder contribuir a una mayor eficacia y eficiencia en las investigaciones que se llevan a cabo por las infracciones ambientales y poder contribuir con esto a una mejora de las condiciones ambientales en nuestro país. 

Vale la pena advertir que uno de los proyectos mencionados plantea cambios importantes en la legislación ambiental, pues establece otro tipo de responsabilidad (objetiva) y determina la posibilidad de hablar de responsabilidad solidaria en esta materia. Por su parte, el segundo proyecto parte de la base de mantener la actual legislación sancionatoria, pero realizando ciertas aclaraciones y modificaciones que propende por dar mayor claridad tanto a las autoridades ambientales como a quienes intervienen en el uso de los recursos naturales. 

Así las cosas, de los proyectos de Ley mencionados, se puede destacar lo siguiente: 

Proyecto de Ley No. 424 (consulte aquí el Proyecto de Ley)

  • Determina que la responsabilidad ambiental será objetiva, solidaria, subsidiaria e integral. 
  • Establece que los procedimientos sancionatorios ambientales son públicos.
  • Instituye la amonestación escrita como sanción, en donde será posible exigir los correctivos necesarios para la atención de la situación que genera peligro o riesgo.
  • Regula el trabajo comunitario en materia ambiental como medida reparatoria, dependiendo de las circunstancias sociales y económicas del infractor.
  • Reglamenta la posibilidad de colaboración con países vecinos para la investigación y sanción de delitos ambientales en zonas de frontera.
  • Comprende la transición a un procedimiento administrativo sancionatorio verbal sumario por parte de las autoridades con potestad sancionatoria ambiental.
  • Establece un marco para la posterior reglamentación de mecanismos financieros de garantía en materia de responsabilidad por daños al ambiente, a través de pólizas de seguro, aval o fiducia en garantía.

Proyecto de Ley No. 425 (consulte aquí el Proyecto de Ley)

De este proyecto se destacan las siguientes propuestas:

  • Se anexará como causal de cesación del procedimiento en materia ambiental la liquidación definitiva de la persona jurídica.
  • Se aumentaría el término de cinco (5) a diez (10) días hábiles para continuar con el procedimiento en los casos en que una medida preventiva sea impuesta a prevención por cualquiera de las autoridades competentes.
  • Podrá ser prorrogable hasta por dos periodos de seis (6) meses el término de indagación preliminar.
  • Se propone la supresión de las medidas cautelaras en materia legal ambiental.
  • Podría suspenderse y terminar el procedimiento sancionatorio ambiental cuando se propongan medidas de restauración o compensación.
  • Se establece que la autoridad ambiental, en el auto de formulación de cargos, se encuentra en la obligación de indicar las circunstancias asociadas a la existencia de riesgo o afectación ambiental.
  • Se anexaría expresamente la etapa de alegatos de conclusión dentro del procedimiento sancionatorio ambiental.
  • Se eliminaría el término con el que cuenta la autoridad ambiental para determinar la responsabilidad y sanción, toda vez que el mismo contraria el termino de caducidad establecido en la norma  
  • Se consideraría medida preventiva la realización de estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.
  • La amonestación escrita podrá ser considera como sanción y se aumentaría el tope de salarios mínimo mensuales legales vigentes en las multas diarias, pasando de cinco mil (5000) a cien mil (10.000).
  • Las notificaciones de los actos administrativos deberán ser realizados de manera electrónica, siendo válidas las realizadas a través de correo electrónico, redes sociales, mensaje de texto, plataformas de mensajería instantánea, fax, etc., que aparezcan en el registro mercantil.

Vale la pena destacar que los mencionados proyectos apenas inician los debates en el Congreso de la República, sin embargo se plantean en el algunos puntos que han sido objeto de discusión durante los doce años en los cuales ha estado vigente la Ley 1333 de 2009 y que podrán ser interesantes para tener un procedimiento sancionatorio ambiental mucho más consolidado. 

Somos especialistas en derecho ambiental 

Consejo de Estado decide acción popular por incumplimiento en el manejo de vertimientos

Consejo de Estado decide acción popular por incumplimiento en el manejo de vertimientos  

En Sentencia del pasado 18 de febrero de 2021, la Sección Primera del Consejo Estado falló en segunda instancia la acción popular 63001-23-33-000-2018-00171-01 interpuesta por la Procuraduría treinta y cuatro (34) Judicial Ambiental y Agraria de la ciudad de Armenia en contra de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-, y La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil.

El fallo referido se determinó en virtud de los incumplimientos reiterados en el manejo de los vertimientos que se generaban en el Aeropuerto el Eden de la ciudad de Armenia y que eran descargados de manera directa por la empresa a un cuerpo de agua superficial. El análisis del caso, determinó que durante multiples años la compañía realizó sus descargas sin contar con permiso de vertimientos y sin cumplir los parámetros límites máximos permisibles establecidos en el ordenamiento jurídico, puesto que la PTAR que tenían en funcionamiento, no cumplía con su finalidad.

La Sentencia es clara en determinar como estos incumplimientos, generaron la violación a los derechos colectivos del ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la seguridad y la salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública por parte de la Aeronautica civil, y en imponer diferentes obligaciones a la Aeronautica Civil relacionadas con (i) la necesidad elaborar un completo y detallado estudio sobre el funcionamiento de la PTAR del Aeropuerto El Edén;  (ii) la necesidad de tramitar y obtener el permiso de vertimientos; (iii) elaborar un programa de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptoras de los vertimientos; (iv) presentar un plan de descontaminación de la Quebrada receptora del vertimiento; y (v) elaborar un diagnóstico del problema de vertimientos de aguas residuales sin tratamiento en la quebrada.

De esta manera, el fallo del Consejo del Estado pone de presente nuevamente que el incumplimiento de los parámetros límites máximos permisibles evidenciados, no solo da lugar a acciones sancionatorias administrativas que busquen castigar la infracción realizada, sino que también pueden ser sancionables por la vía judicial en virtud a la amenaza y el daño que se generen a los derechos colectivos.

Cabe destacar que esta sentencia igualmente cobra un especial interés para el derecho ambiental, pues contiene un análisis de los regímenes de transición establecidos en el marco del licenciamiento ambiental, haciendo un recuento normativo muy claro sobre los distintos Decretos que ha expedido el Gobierno Nacional en relación con el licenciamiento ambiental en Colombia, y como los mismos han reglamentado los proyectos, obras o actividades que iniciaron su operación aún antes de la expedición de la figura del licenciamiento ambiental.

Por último, vale la pena destacar que el Consejo de Estado impuso a la CRQ la obligación de elaborar de manera conjunta con la empresa demandada, la elaboración de un plan de descontaminación de la Quebrada receptora del vertimiento, incluyendo las medidas preventivas, correctivas y de seguimiento, buscando la minimización de los impactos producidos por la contaminación hídrica. Igualmente, exhorta a la Corporación  a culminar con los procesos sancionatorios adelantados en contra de la Aeronáutica Civil.

 

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Silencio administrativo positivo en materia ambiental

Consejo de Estado ratifica la configuración del silencio administrativo positivo en procedimientos sancionatorios

A través de la petición elevada por el Ministerio de Trabajo a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo ratificó la configuración del silencio administrativo positivo cuando no se resuelven los recursos en sede de un procedimiento administrativo sancionatorio.

Al realizar el análisis del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) acerca de la caducidad de la facultad sancionatoria, en donde se determina que:

Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.

El Consejo de Estado concluye en sede del procedimiento sancionatorio, el legislador dispuso de manera diferenciada un plazo para que la administración resuelva los recursos interpuestos en contra del acto sancionatorio, al igual que, prevé una configuración expresa del silencio administrativo positivo frente a sus pretensiones.

Así las cosas, si la administración no resuelve y notifica durante el término de un (1) año el recurso interpuesto por el administrado, ya sea de reposición o apelación, se causan tres consecuencias concurrentes:

(i) la pérdida de competencia de la administración o del funcionario encargado de resolverlos; (ii) el recurso se entiende resuelto a favor del recurrente (silencio administrativo positivo) y (iii) la responsabilidad disciplinaria del funcionario que debía decidirlos.

Por último, la Sala de Consulta y Servicio Civil recordó que el trámite de protocolización del silencio administrativo positivo que estipula el artículo 85 del CPACA, es un mero medio probatorio, más no un requisito indispensable para su configuración, toda vez que esta figura opera de pleno derecho.

(Ver: Concepto Número Único 2424 del 13 de diciembre de 2019. Aplicación del silencio administrativo positivo respecto de los recursos en el procedimiento administrativo sancionatorio. Consejero Ponente: Oscar Darío Amaya Navas. Número de Radicación: 11001-03-06-000-2019-00110-00. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil)

 

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Los Sellos Ambientales: Consolidación de un Crecimiento Sostenible

El ambiente en la reactivación económica del país

2020: Un año clave para la transición en energías renovables