A través de la Ley 1715 de 2014 y el Estatuto Tributario se establecieron diferentes beneficios tributarios aplicables en materia ambiental, dentro de los cuales se destacan los descuentos, deducciones y exenciones que recaen sobre el impuesto de renta, IVA y los derechos arancelarios en la importación. Adicionalmente, a través de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el periodo 2018 – 2022, se modificaron y anexaron diferentes lineamientos en la normatividad vigente de beneficios tributarios ambientales, que apuntan a generar una mayor claridad sobre el tema.

Tratándose del descuento en renta por inversiones en materia ambiental, el artículo 255 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 1955 de 2019, establece la posibilidad de descontar del impuesto sobre la renta el 30% de las inversiones que se hayan realizado en el respectivo año gravable, referentes a inversiones en control del medio ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente. Sin embargo, si el 30% de las inversiones excede el 25% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo año gravable, el exceso no descontado, podrá tomarse dentro de los cuatro periodos gravables siguientes, de conformidad con lo expuesto en el artículo 258 del Estatuto Tributario.

Ahora bien, una de los grandes interrogantes que se ha suscitado en esta materia es el relacionado sobre la aplicabilidad beneficio tributario, en aquellos casos en que las inversiones se realizan en virtud del cumplimiento de una obligación o mandato establecido por la Autoridad Ambiental. Dicha inquietud se basa de lo establecido en la norma tributaria, la cual dispone:

No darán derecho a descuento las inversiones realizadas por mandato de una autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de una licencia ambiental.

A pesar de lo expuesto, es evidente que la norma es clara en su contenido, y no es dable interpretar por parte de las Autoridades Ambientales la inaplicabilidad del beneficio tributario, cuando las inversiones se realicen para el control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, incluso producto de un mandato de la autoridad o de la necesidad de cumplir una norma, excepto que la misma sea interpuesta en virtud de una licencia ambiental. Al respecto se debe recordar, que tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, si el contenido de una norma es claro, no existe lugar a generar diversas interpretaciones del mismo.

Así las cosas, es importante que las diferentes organizaciones reconozcan la posibilidad de acceder a beneficios cuando realizan las actividades que propendan por el cumplimiento de la normatividad ambiental, siendo en consecuencia un incentivo adicional al de cuidar y proteger nuestros recursos naturales.

 

Manglar Abogados S.A.S – Especialistas en Derecho Ambiental

 

 

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