Trámites ágiles y simples: el gran reto del Estado Colombiano para proteger los recursos naturales

Trámites ágiles y simples: el gran reto del Estado Colombiano para proteger los recursos naturales

Álvaro José Henao Mera

En 1974 bajo la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se instituyó en Colombia el concepto de dominio eminente del Estado, bajo el cual se determinó que pertenecen a la nación los recursos naturales renovables. En este sentido, encontramos que aquellas personas (naturales o jurídicas, públicas o privadas) que deseen hacer uso de los recursos naturales, deberán solicitar ante las autoridades ambientales los permisos, concesiones, trámites o autorizaciones a que haya lugar.

AGUA: aprovechamiento de las aguas (superficiales y subterráneas), vertimientos (suelo, mar, agua superficial), ocupación de los cauces, playas y lechos y la prospección y exploración de las aguas subterráneas.

AIRE: permisos para autorizar emisiones atmosféricas de fuentes fijas y móviles, generación de ruido, y la reducción de inmisiones de olores ofensivos.

FORESTAL: los permisos relacionados con el aprovechamiento forestal en suelos rurales y urbanos (persistente, único y aislado).

FLORA Y FAUNA: el aprovechamiento de recursos genéticos y los permisos marco de investigación científica, levantamiento vedas, aprovechamiento de fauna silvestre, los trámites de sustracción de reservas forestales y otra áreas protegidas.

RESIDUOS: Trámites relacionados con RESPEL, posconsumo, PCB, envases y empaques, aceites usados y bolsas plásticas.

OTROS PERMISOS: los trámites para obtención de beneficios tributarios en materia ambiental, los trámites relacionados con la operación de la empresa como el Registro Único Ambiental – RUA y aquellas disposiciones especiales en trámites establecidos para los Parques Nacionales Naturales de Colombia.

LICENCIA AMBIENTAL: aquellos proyectos , obras o actividades que se enmarquen en lo establecido en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto Único en materia ambiental.

La cantidad de permisos y trámites existentes en Colombia, impone para las autoridades ambientales una ardua tarea. En primer lugar, se encuentra su labor de poder garantizar y vigilar, no solo que todos los procesos productivos que se llevan a cabo cumplan de manera integral con los permisos exigidos, sino también con que se de un acatamiento integral en el cumplimiento y seguimiento de los mismos. En

segundo lugar, se encuentra la obligación de expedir de manera eficiente directrices claras para la expedición de los trámites ambientales, situación que actualmente se encuentra respaldada mediante el procedimiento “Colombia Ágil, Estado Simple”, establecido en virtud del Plan Nacional de Desarrollo y refrendado conforme la expedición de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020, por parte del Congreso de la

República.

En el artículo 333 la Ley 1955 de 2019 planteó la necesidad de simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. En igual sentido, la Ley 2052 de 2020 en su artículo 16 fijó la necesidad de eliminar asimetrías regulatorias

que generen tratos diferenciados de las entidades hacia los administrados, generar mayor transparencia y economía en los trámites, procesos y procedimientos, así como también reducir espacios a la subjetividad.

Avanzar en este escenario será un gran logro para nuestro país, por lo que estará en manos del Congreso, el Gobierno Nacional y de la rama ejecutiva, poder establecer directrices claras y contundentes que permitan evitar ambigüedades e inconsistencias en los procesos de solicitud e inicio de tramites, solicitud de documentos adicionales y visitas de seguimiento, cobros por autorizaciones, renovación y finalización de los mismos.

Sin duda, este proceso permitirá garantizar una mayor seguridad jurídica a quienes como administrados debemos hacer uso de los recursos naturales, y podrá de manera adicional fortalecer el Sistema Nacional Ambiental, con unos trámites simples, sin dilaciones ni documentos adicionales innecesarios, que redunden en un Estado protector y garante de nuestros recursos naturales renovables.